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martes, 10 de enero de 2012

Iñaki Urdangarin, Duque de Palmo... ¿CHORIZO VIP?

"La justicia es igual para todos", recordó el Monarca a los españoles en el tradicional discurso navideño, aunque al día siguiente precisó que hablaba de forma genérica y que no personalizaba en la figura de su yerno, Iñaki Urdangarin, al que solo una semana antes la Casa del Rey había apartado de todos sus actos por comportamiento "no ejemplar". Quizá por eso, y a la vista de que varios banqueros han atravesado el proceloso camino del banquillo sin rozarse ni mancharse, como si fueran el velo de la Virgen, o que tipos como el juez de Marbella Francisco Javier Urquía, que cobró 73.800 euros de Juan Antonio Roca para pagarse su casa a cambio de resoluciones favorables y que ahora vuelve a ejercer tras una condena ridícula, la ciudadanía se pregunta cómo se va a librar el marido de la infanta Cristina de la que le está cayendo.
    Iñaki Urdangarin Liebaert

La alarma la dio una fiscal en excedencia en Twitter antes de que Urdangarin fuera formalmente imputado. La tardanza en dirigir el proceso contra él (su socio Diego Torres ya llevaba seis meses imputado) podría suponer que varios de los delitos que el duque podría haber cometido ya estarían prescritos y por tanto ya no podrían ser perseguidos. Desde entonces, las redes sociales están que arden con el tema.
De lo que se conoce del sumario, el socio está imputado por falsedad documental, prevaricación administrativa (dictar a sabiendas resolución injusta), fraude a Hacienda y malversación de caudales públicos. Sin embargo, hay quien sostiene que el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidió Urdangarin, está siendo investigado además por tráfico de influencias y cohecho (soborno). Incluso no sería descartable un posible blanqueo de capitales, ya que fondos procedentes de las presuntas cuantiosas comisiones obtenidas por la trama fueron desviados a paraísos fiscales.
El plazo de prescripción es el tiempo que se concede el Estado para perseguir los delitos, atendiendo a su gravedad y naturaleza. Así, los delitos de genocidio o lesa humanidad no prescriben nunca, pero los que tienen señalada una pena máxima superior a 15 años de cárcel lo hacen a los 20 años; los castigados con penas entre 10 y 15 años de prisión o más de 10 de inhabilitación, a los 15 años; los penados entre 5 y 10 años de cárcel o de inhabilitación, a los 10 años, y cuando la pena oscile entre tres y cinco años, a los cinco, según el Código Penal vigente en 2003 cuando ocurrieron los hechos. El tiempo se cuenta desde el momento en que se cometió el delito y el cómputo se interrumpe cuando el proceso se dirige contra el autor.
De acuerdo con ese criterio, y como inicialmente los hechos se referían al periodo entre 2004 y 2006, los presuntos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005 ya habrían prescrito, mientras que el de 2006, todavía podría perseguirse, así como los delitos que los beneficios generados por aquellos fondos habrían producido en ejercicios posteriores.
Las falsedades documentales atribuidas a la trama también podrían estar afectadas por la prescripción, pero al tratarse de delitos utilizados como medio para cometer otros estarían subsumidos en el delito principal, en este caso la malversación de caudales públicos, que prescribiría a los 15 años y del que por este procedimiento no podría librarse. Tampoco podría Urdangarin eludir la prevaricación, que prescribiría a los 10 años, aunque él no es funcionario público. El Supremo tiene ya establecido que los particulares pueden ser condenados por ese delito en calidad de extraneus, al haber inducido a un funcionario, que sería el intraneus, a cometerlo.
El tráfico de influencias referido a esos años estaría ya prescrito, pero como parece que el duque no siguió las indicaciones del Monarca y existen pruebas de que continuó con sus actividades en 2008 y 2009, podría ser perseguido por ello. Y tampoco se libraría por prescripción de un posible cohecho si los jueces determinaran que lo hubiera cometido.
De modo que los españoles estamos mucho más tranquilos desde que el Rey recordó que la justicia es igual para todos, aunque a un 81 por ciento de la ciudadanía, según una reciente encuesta, les parezca que no es exactamente así.
No obstante, y a la vista de la creatividad de la que en ocasiones hacen gala los magistrados de la Sala Segunda del Supremo -doctrina Parot, de dudosa constitucionalidad; condena de Atutxa frente a absolución de Botín por el mismo precepto...- un magistrado de provincias ha llegado a preguntarse si los alumnos de la Escuela Judicial no estudiarán en 2020 la moderna y todavía inexistente doctrina Urdangarin.